FRENTE FISCAL: DIEZ CONSIDERACONES 2021-26

Primero, la sostenibilidad fiscal constituye una prioridad. No cabe duda. Sin embargo, debe tenerse presente que una posición extrema que, únicamente, acelere la necesidad de reinsertarnos al límite legal de duda pública de 30% del PBI podría alejarnos de la posibilidad de construir nuestra demanda interna. El FMI ha mostrado preocupación en la posibilidad de reducir prematuramente el soporte público en el marco del covid. ¡Cuidado!

Segundo, la convergencia fiscal dependerá, fundamentalmente, de la evolución futura del PBI. Para los próximos años, si los precios de los commodities no son adversos y si el entorno político no muestra desbalances extremos, no tendríamos mayor problema para disponer de una tasa de crecimiento cercana al 5% promedio anual. Al final, si no perdemos nuestros fundamentos, volveremos a liderar el crecimiento de la región desde el 2021.

Tercero, también debemos entender que la trayectoria fiscal no se desbordará en un contexto en el que logremos que el crecimiento del PBI nominal se mantenga por encima del costo financiero de la deuda y, además, en el que la brecha primaria no se desborde.

Hoy en día está claro que el mundo no dispone de posibilidades de generar una reducción de la hoja de balance de sus bancos centrales, por lo que tendremos un largo periodo de tasas bajas de interés en el escenario mundial, lo que apoyará la posibilidad de reconstruir la convergencia fiscal peruana.

Cuarto, experimentar temporalmente una deuda pública cercana al 40% del PBI los próximos años no nos llevará a un deterioro de imagen o credibilidad internacional, siempre y cuando dispongamos las condiciones para, en el mediano plazo, converger progresivamente al 30%. Debemos explorar la posibilidad de que, para los próximos cinco años exclusivamente, trabajemos con un límite solo algo más holgado que el actual. México, por ejemplo, ha definido un nuevo límite legal sin mayor observación del FMI.

Quinto, los ciclos económicos son, regularmente, inadecuadamente tratados en la definición de la política tributaria de las economías. En ese contexto, podría ser conveniente explorar el mejor momento para aplicar tasas impositivas, acompañadas con reglas claras y estrictas que incorporen márgenes de variabilidad en función del ciclo. Un punto por encima cuando la trayectoria del PBI sea claramente expansiva y, en contrario, cuando enfrentemos recesiones claras. Esto permitiría mayor capacidad de reacción de nuestro frente productivo en recesión y, a su vez, generaría más recursos en el tramo expansivo a fin de financiar brechas fiscales no previstas del tramo recesivo del ciclo.

Sexto, también debe entenderse que el déficit fiscal del presente año no es producto de irresponsabilidad de ninguna gestión, es producto de un hecho inesperado. No había más alternativa que experimentarlo y enfrentarlo. La excepcionalidad del covid demandó ello. El crecimiento esperado del Perú, una reforma administrativa tributaria bien planteada y un realineamiento de la política contra la evasión, exoneración y elusión nos darían espacio para reducir progresivamente la brecha fiscal y realinear en endeudamiento público sin problemas.

Séptimo, es necesario crear un Pacto Fiscal en el ámbito político a efectos de reforzar el mandato que busca limitar iniciativas de gasto en nuestro Poder Legislativo y que, paralelamente, fortalezca el compromiso de apoyar una cartera puntual de proyectos prioritarios con una proyección de mediano plazo. El Pacto Fiscal debe comprometer a todas las fuerzas políticas que quieran darle predictibilidad y madurez política al país.

Octavo, no debe perderse de vista una perspectiva estructural en el accionar fiscal. Siempre resulta convincente diseñar las acciones que se requieren a efectos de iniciar una progresiva reversión de la limitada presión y base tributaria. Por años, en el Perú, el 30% de la PEA sostiene el 100% del gasto público a favor de todo el país. Esto es inaudito. Nuestra recaudación es menos de la mitad de la que experimenta la media de las economías más pobres del mundo.

Pasar por el Ministerio de Economía sin hacer nada para diseñar estrategias de mediano plazo resultaría propio de una administración miope.

Noveno, a futuro necesitamos explorar la manera de disponer de un Consejo Fiscal más comprometido con propuestas orientadas a solucionar la insuficiente presión fiscal estructural y mejorar la calidad del gasto público. Para el Perú no debe bastar disponer de funcionarios que, básicamente, se dedican a opinar si el equilibrio fiscal se mantendrá dadas ciertas proyecciones del entorno macroeconómico. En el caso peruano, necesitamos aporte, propuestas y compromisos.

Décimo, los próximos años la armonización y compatibilización de la política fiscal y monetaria deben encauzarse a través de instancias más concretas de las vigentes.

No basta con coordinaciones, muchas veces informales, entre directivos del MEF y del BCR. Debe crearse un Consejo conjunto que emita actas sobre sus decisiones y estas sean publicadas periódicamente. La transparencia y accountability siempre apoyarán la ejecución de medidas más armonizadas y efectivas.

Para el periodo 2021-26 debemos buscar el punto intermedio entre la prudencia fiscal y el necesario crecimiento que debemos recuperar y sostener. Hacer esto, necesariamente, demandará de la creatividad y de la toma de decisiones necesarias que nos permitan revertir parte de las restricciones estructurales que tipifican nuestra economía.

Publicado en Gestión, 16 de diciembre del 2020.