DEBE SER REALISTA
En México DF y Lima, nuevamente los pacientes con covid-19 están siendo rechazados en los hospitales porque no hay camas disponibles, mientras que en Manaos, en el norte de Brasil, una nueva variante del virus está matando a cien personas por día. El año pasado, la recesión causada por la pandemia empujó a 33 millones de latinoamericanos por debajo de la línea de pobreza de US$ 5.50 diarios, según el Banco Mundial.
En tanto, los gobiernos en la región están bregando para conseguir vacunas, de modo que este sería un extraño momento para hablar de una abstracción como nuevo contrato social. No obstante, el término se ha convertido en un mantra en América Latina. Tanto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), están elaborando voluminosos reportes relacionados con el tema.
Ello se debe a que la pandemia ha expuesto viejas y persistentes fragilidades. Los esquemas de cuidado de la salud y protección social en la región son fragmentados e inequitativos. Sus economías llevan seis años estancadas, en gran parte debido a la baja productividad; los sistemas políticos están desacreditados y los ciudadanos están furiosos.
La población percibe que las democracias latinoamericanas no pueden continuar de esa manera.
La pregunta es cuánto y cuán rápido pueden cambiar. Para algunos en la izquierda, un nuevo contrato social ofrece el espejismo de convertir América Latina en Escandinavia con el chasquido de los dedos de un burócrata internacional. otros piensan en nuevas construcciones.
En Chile, una asamblea que redactará una será elegida en abril; es probable que ordene más prestaciones sociales de parte del Estado. En Perú, la izquierda también quiere una nueva Constitución que otorgue un rol más grande al Estado. Algunos en la derecha temen un deslizamiento hacia el socialismo.
Países como Costa Rica y Uruguay poseen estados del bienestar de amplia base. Otros aplican esquemas de contribución a la seeguridad social, establecidos a mediados del siglo XX, que han sido sobrepasados por la realidad. En promedio, la mitad de la población trabaja en la economía informal y está fuera de estos esquemas. Hay gobiernos que brindan a esas personas beneficios sin necesidad de contribución, lo cual incentiva la permanencia en la informalidad.
Las ideas más sensatas para un nuevo contrato social destacan tres aspectos: la creación de un nivel básica de protección social universal, el aumento de impuestos para financiar lo anterior y el fomento de la participación ciudadana en política a fin de reforzar la democracia representativa.
La pandemia ha resaltado el problema de la informalidad, pues quienes laboran en este sector han violado los confinamientos, ya que tienen que buscar su sustento. Los reformadores argumentan que todos los latinoamericanos, sin importar su estatus en el mercado laboral, deben ser elegibles para un seguro de desempleo, pensión básica y por invalidez que sean financiados por la recaudación tributaria.
Ello significaría establecer reservas para esquemas complementarios de seguros y pensiones, lo cual alentaría el empleo formal con bajos costos salariales. Asimismo, los esquemas de transferencias condicionales pueden ofrecer un ingreso mínimo a los ciudadanos más pobres.
Estos cambios costarían 3% del PNI al año, estima Luis López Calva, director regional del PNUD. Señala que esto podría ser pagado parcialmente con un aumento de los impuestos a la propiedad, que solo recaudan 0.5% del PBI en la región, comparado con alrededor de 3% del PBI en Europa.
El dinero será escaso los próximos dos años, y hay muchas necesidades apremiantes. Entre las inmediatas están la vacunación y la reapertura de colegios. Muchos países necesitan gastar más en infraestructura de transporte y en educación. Los gobiernos están acumulando deuda que tendrán que pagar. Los reformadores proponen un plan en el que las nuevas medidas de protección social, impuestos y otras reformas surtirán efecto en, digamos, tres años.
Habrá resistencia. Por ejemplo, en Colombia, "la clase media alta está diciendo 'suficiente'", indica el economista Sergio Clavijo, quien apunta que la tasa máxima del Impuesto a la Renta ha aumentado continuamente hasta 39% y que los colombianos acomodados ya pagan un impuesto a la riqueza.
Lo que plantea es cerrar vacíos legales que posibilitan que los ricos evadan y ampliar la base tributaria, solo un millón de colombianos paga Impuesto a la Renta.
Ambas medidas tomarán tiempo.
Con legislaturas y partidos políticos desprestigiados en muchos países, para fijar prioridades se necesita un amplio debate público entre políticos, empresarios, sindicatos y otros grupos sociales y civiles. Un ejercicio de ese tipo comenzará en Panamá. "Si no reunimos a la población para discutir el camino a seguir, la alternativa es muy caótica, probablemente con mucho descontento", señala López Calva. "No es fácil, pero es la mejor manera de capear la tormenta".
Publicado en Gestión, 11 de febrero del 2021.