¿QUÉ TANTO ESTÁ EN JUEGO EN ESTA ELECCIÓN?

Cada quinquenio nos debatimos entre escoger al mal menor. Las promesas populistas tienden a dominar el proceso electoral y usualmente existe una brecha importante entre lo que se ofrece durante la campaña y lo que efectivamente hace el partido que logra ser elegido . "Una es con guitarra y otra es con cajón" es lo que ha tendido a prevalecer. La complejidad de administrar un país como el Perú y los "incendios" diarios no dan tregua y obligan al pragmatismo. Sin embargo, en esta oportunidad estamos en un escenario único por una serie de consideraciones. Primero, es dfícil recordar una coyuntura electoral en medio de crisis sincronizadas de múltiples dimensiones, económica, sanitaria, política, ética. Segundo, la fragmentación política permite augurar lo difícil que será para el próximo Ejecutivo gobernar sin contar con una mayoría en el Congreso. Como telón de fondo, tenemos con mayor frecuencia conflictos sociales de distinta índole propagándose por el país que han alimentado planteamientos extremistas. Las opciones moderadas centristas parecen no convencer, y la mayoría de electores pareciera preferir los extremos tanto de derecha como de izquierda o simplemente está en el grupo de indecisos.

Es importante plantearnos la pregunta qué tanto realmente está en juego en el plano económico y cuáles son los riesgos que enfrentamos dependiendo del candidato que salga elegido. Por definición, la mayoría de contiendas electorales son una lluvia de millones y estos comicios no son una excepción.

De una revisión de los planes de gobierno de los 10 partidos con mayores preferencias hasta la fecha, las ofertas de mayor gasto fiscal pueden incluso llegar a más que duplicar la presión tributaria del 15% del PBI. Las propuestas son diversas pero pasan desde preasignar una fracción del PBI a las funciones de educación y salud, plantear bonos mensuales universales, agresivos programas de empleo y compras públicas, universalizar las pensiones con recursos del Estado, multiplicar el capital de los bancos públicos para atender a las mypes o el agro, prometer obras faraónicas de inversión pública como trenes panamericanos, entre otros.

Más allá de generalidades, ningún plan de gobierno precisa cómo financiará estas mayores demandas de gasto ni plantea alternativas viables de como mejorar la ejecución de la inversión pública ni cómo asegurar una mínima calidad de servicios básicos para la población. La creación de nuevos ministerios no garantiza soluciones. Al aluvión de ofertas de mayor gasto público, se suman también planes que reducen los ingresos fiscales en diversas manifestaciones como amnistías tributarias para los sectores más afectados por la crisis, la condonación de deudas tributarias o la extensión de subsidios para fomentar todo tipo de actividades. Muchos planteamientos alegan que habrán reformas tributarias gravando a los más ricos, eliminando las exoneraciones tributarias o incrementando las tasas de impuestos sin mayor sustentos o análisis de la viabilidad técnica o legal de esas propuestas. Se plantea endeudar más al país sin tomar en cuenta que ya llegamos al tope de nuestra capacidad fiscal.

La gran diferencia con el pasado es que estos planteamientos vienen de ambos extremos del espectro político y dado el contexto inicialmente descrito es probable que en esta oportunidad se pretenda implementar algunas de estas propuestas. Como hemos verificado claramente en este último año, muchos de los planteamientos vendrán del propio Congreso. Es probable que el próximo Legislativo supere la valla que el actual dejará (con la aprobación de leyes con un costo fiscal que supere los S/ 30.000 millones, hasta la fecha). La inconstitucionalidad de estas iniciativas de gasto ha sido el único candado efectivo hasta el momento, pero como van las cosas el riesgo de una voracidad fiscal descontrolada es real. En este sentido, cobra especial relevancia eventual elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, instancia dirimente de los excesos legislativos.

Los riesgos no se limitan al espectro fiscal, ya que se vislumbra que continúe la aprobación de normas antitécnicas, controles de precios, medidas que distorsionan los mercados y que buscan ampliar las regulaciones sin contar con filtro alguno de calidad regulatoria. Todas estas contingencias se podrían dar incluso sin llegar a plantear una nueva Constitución. Muchos candidatos plantean modificaciones que afectarán la independencia del Banco Central de Reserva y promueven iniciativas que minarían preceptos básicos constitucionales, como el rol subsidiario del Estado, las libertades de empresa y contratación, y la protección de los contratos entre privados. En otras palabras, se estaría corriendo el riesgo de perforar las bases del modelo social de mercado que ha regido en el Perú los últimos 30 años.

Estos riesgos han prendido las alarmas como lo muestra el repunte del tipo de cambio y pareciera que no hay plena conciencia en el electorado de lo mucho que está en juego incluso con los planes menos extremistas. Las decisiones de los agentes económicos dependen de las expectativas y, lamentablemente, estamos en una situación donde se han instalado temores fundados sobre el riesgo de una degradación de la calificación crediticia y de caer en un franco proceso de retroceso económico y social, de adoptarse algunas de las medidas planteadas. Esta elección y el contexto extraordinario que vivimos pone al país en una encrucijada crítica.

No podemos darnos el lujo de echar por la borda todo lo lograda durante las últimas tres décadas. Sin duda, existen enormes desafíos pendientes, pero se tienen que abordar con sensatez y responsabilidad. A favor tenemos un proceso de vacunación en marcha y un contexto externo aún favorable que no se debe desaprovechar.

Publicado en Gestión, 26 de marzo del 2021.