BANCO MUNDIAL DICE QUE EL PERÚ REQUIERE NUEVO PACTO SOCIAL PARA MINERÍA

La minería en el Perú representa una oportunidad para un mayor desarrollo y bienestar de las regiones mineras, y se requiere un esfuerzo concertado para aprovecharla, apuntó Javier Aguilar, coordinador regional Latinoamérica de Industrias Extractivas del Banco Mundial, durante perumin.

Para ello, consideró que se necesita un nuevo contrato social de la minería con el país a través de una política pública, y "si fuera posible, de una política de Estado".

"Se requiere esfuerzo concertado para aprovechar a la industria minera como un elemento fundamental del Estado peruano apuntando a desarrollar sus regiones. Para esto, pensamos que se requiere un nuevo contrato social, entre minería, Estado y regiones o comunidades a través de una política pública, y si fuera posible, una política de Estado", remarcó Aguilar, idea que forma parte del reciente "Diagnóstico del Sector Minero, Perú (DMS)", del Banco Mundial.

Las tres preguntas

En el DMS se revisó la normativa y regulación del sector ("de jure"), así como lo que se realiza en la práctica ("de facto"). En este contexto, comentó que el marco de gestión vigente está centrado mayormente en la atracción de inversión minera, pero ya no es suficiente para el desarrollo futuro de la industria.

"Podríamos decir que la próxima generación de minas en el Perú va a tener éxito si es que se cumplen ciertas condiciones", comentó. ¿Cuáles son? Aguilar dijo que el sector debe responder no solo al "que" (eficiencia institucional), sino al "como" y desencadenar en el "para que".

Señaló que el foco debe estar en que nuevos proyectos desencadenen desarrollo económico territorial en las zonas donde se están realizando. Y para ello, debe existir aceptación social por parte de la población, "eso es que los nuevos proyectos construyan desde un inicio una licencia social resiliente en el tiempo".

Luego, que la sostenibilidad se exprese a través de nuevos proyectos que minimicen su huella material en el ambiente. Y que sean compatibles con la inclusión de otras actividades que se realicen de manera responsable.

"Esto implica mejorar los aspectos de la aceptación social de proyectos para evitar y reducir el riesgo de proyectos bloqueados o que no se ejecuten. Como ustedes saben, hay como US$ 12,000 millones en proyectos que no se han invertido", remarcó.

Publicado en Gestión, 24 de setiembre de 2021.