MALAS REGULACIONES SÍ ATENTAN CONTRA LA REACTIVACIÓN

En recientes declaraciones, el ministro de Economía concluyó que lo que más afecta a la inversión es la falta de predictibilidad de las reglas del juego, sean estas "buenas o malas regulaciones". Ciertamente, este tipo de declaraciones, viniendo del "garante de la racionalidad técnica" del Ejecutivo, hacen poco por revertir el pesimismo reinante del sector empresarial. Resulta una omisión incomprensible y Finanzas (MEF) no esté abordando explícitamente el incremento en la prima de riesgo regulatorio que se ha disparado en el país. Esta permisividad presiona al regulador a actuar de manera antitécnica y estimula legislando demagógicamente.

Como se ha evidenciado recientemente, la Comisión para la Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi ha jugado un importante papel para evitar que malas regulaciones afecten la generación de empleo formal. Sin embargo, hay otras instancias del mismo Indecopi que no aplican del todo la rigurosidad técnica que sus responsabilidades le demandan.

Por ejemplo, la Comisión de Protección al Consumidor inició un procedimiento sancionador a una serie de productos alimenticios por presuntamente exceder el límite legal de grasas trans y, en calidad de emdida cautelar, ordenó a las empresas a cesar su distribución y comercialización. Esta decisión fue revocada por la sala de apelaciones meses después al comprobar que la Comisión había desconocido el empleo de criterios de muestreo y medición en base a normas técnicas. Casos similares exponen a las empresas a criterios irrazonables, sanciones desproporcionadas y amparan el abuso del derecho. Ulteriormente los consumidores terminan privándose de productos de calidad por la negligencia del fiscalizador.

Tanto el Ejecutivo como el COngreso aprueban normas o leyes sin cumplir con un análisis de impacto regulatorio, en contravía al estánda adoptado por los países miembros de la OCDE, que busca que las normas y regulaciones logren los objetivos trazados al menor costo posible. El caso es más severo en el ámbito legislativo, donde la mayoría de los proyectos de motivos donde se exprese el problema que se pretende resolver y los fundamentos de la propuesta, así como de un adecuado análisis costo-beneficio que incluya la identificación de los sectores que se beneficiarían o su impacto económico.

Lo más grave es que estas iniciativas son eventualmente aprobadas por insistencia haciendo caso omiso de los informes de las áreas técnicas correspondientes.

Otro ejemplo ilustrativo y muy sensible para la población es el proyecto de ley que propone dejar sin efecto la exoneración del IGV y de derechos arancelarios a los medicamentos para el tratamiento oncológico, del VIH/Sida y diabetes. El argumento que sostiene la propuesta se basa en incrementos econerados para trata el cáncer, observados hasta 2011. El proyecto no aclara qué se espera obtener de la eliminación de dichas exoneraciones ni analiza los eventuales escenarios que enfrentaría el mercado de lograrse la modificación, como podrían ser el incremento de precios y el encarecimiento de los productos.

Estamos pues, ante un escenario en el que recuperar la confianza eventualmente demandará mayor rigurosidad ténica y menor anuncios imposibles de cumplir. Un primer paso será tomar conciencia de la seriedad de la situación y cambiar la retórica oficial que solo profundiza la crisis de confianza en la que estamos sumergidos. El Gobierno no debe subestimar el hecho de que malas regulaciones sí pasan factura a la sociedad, al desalentar la inversión que el país requiere.

Autor: Luis Miguel Castilla. Publicado en Gestión, 06 de setiembre del 2022.