HAY MÁS DE 343 DENUNCIAS ANTE INDECOPI CONTRA NORMA QUE RESTRINGE TERCERIZACIÓN

 

 

El Decreto Supremo 001-2022-TR, el cual restringió la tercerización laboral, al prohibir su uso para cubrir puestos "nucleares" y complementarios, es la norma laboral con más acciones legales en los 201 años de historia del país, existiendo más de 800 acciones legales en su contra.

De acuerdo con el Indecopi, al 8 del presente mes ya existía un total de 434 denuncias por barrera burocrática ilegal contra la norma y, adicionalmente, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas viene recibiendo diariamente nuevas denuncias sobre el tema.

Cabe recordar, que el Indecopi ya declaró, dentro del expediente 0289-2022/CEB, en primera instancia, que la norma es una barrera burocrática ilegal, lo cual tendrá aplicación general.

Sin embargo, la resolución aún puede ser apelada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), según indicó la entidad en un comunicado, donde señaló que el plazo para hacerlo es de 15 días hábiles.

En la actualidad no se conoce si el MTPE ya apeló dicha resolución.

Poder Judicial

Por otro lado, existen alrededor de 500 demandas ante el Poder Judicial que buscan lograr la inaplicación de la norma, sin contar las acciones populares interpuestas que buscan derogar el decreto en su totalidad.

Ello, pese a que según el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, solo existen 150 acciones judiciales interpuestas a la fecha, según lo detallado en el Congreso la semana pasada.

Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, señala que "seguramente el ministro se refiere a las medidas cautelares de inaplicación de la norma".

Según aclara Toyama, el decreto supremo aún persistirá por varios meses hasta que se derogue en última instancia.

Preocupación

Cecilia Guzmán-Barrón, socia del estudio DLA Piper, indica que se está viendo un combate a la norma de manera "individual", pero que ello no está siendo acogido por las autoridades.

"Hasta ahora no se pone en debate en el pleno el proyecto de ley que proponía derogar el Decreto Supremo 001-2022.

Parece que no hay voluntad de cambio y creo que es porque no se aplica en el sector público y no afecta al congresista ni a la población que se le acerca", indica Guzmán-Barrón.

La abogada agrega que a pesar de que existe un número de empresas con medidas cautelares a su favor, ello no necesariamente las protege frente a las fiscalizaciones de la Sunafil.

"Hemos visto en el pasado que la Sunafil señala que, pese a que existe un proceso en marcha sobre un tema específico, ellos pueden seguir fiscalizando e iniciando procedimientos en contra de las empresas", indica al respecto.

Al respecto, el ministro Salas ya indicó que se ha creado un nuevo equipo especializado en la Sunafil para fiscalizar la tercerización laboral, el cual empezará a realizar inspecciones a la brevedad.

Salas además viene mencionando que el Indecopi no puede interferir con normas de carácter laboral, pues no son de su competencia, por lo que queda ver si harán caso o no a las resoluciones de la entidad.

Publicado en Gestión, 13 de septiembre de 2022.