EL PERÚ ES UNO DE LOS PEORES PAÍSES PARA LITIGAR Y PODRÍA REQUERIR REESTRUCTURACIÓN

El World Justice Project (WJP) publicó su ranking anual, denominado el "Rule of Law Index", en el que analiza el "Estado de Derecho" de 140 países, midiendo la afectividad de la aplicación del derecho, así como otros factores relacionados con el manejo del gobierno y temas vinculados a orden, seguridad y derechos fundamentales en base a opiniones de expertos en la materia y la ciudadanía.

En la edición de este año, el Perú se halló en el puesto 90 (0.49 puntos) de 140; un retroceso de tres lugares. De hecho, la posición de este país en el mundo viene retrocediendo a paso constante desde el 2017 y 2018.

Pese a que el Perú tiene un puntaje por encima del promedio en pilares como el relativo a los derechos fundamentales de la población y la sujeción de los poderes del Estado a la ley, así como la transparencia general del Estado en temas legales y de información pública, pierde posición en el escenario internacional debido a su sistema judicial, en el ámbito civil y en el penal, y por la presencia de la corrupción.

El índice del WJP amerita ser revisado porque, como explica Alexandra Ames, jefa del Observatorio de la escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, "ninguna empresa con estándares antisoborno se va a arriesgar a invertir en un país que tiene una percepción y resultados preocupantes".

Problema con Poder Judicial

Con relación al factor de "Justicia Civil", el Perú se encuentra entre los tres peores países en términos de tardanza en obtener resultados. Es decir, cuando se toma el subfactor: "la justicia civil no está sujeta a demora irrazonable", el Perú solamente es "superado" por Guatemala y Venezuela.

Los procesos civiles tratan temas desde contratos hasta otros relacionados a familia y son el "pan de cada día" de las empresas, las que tienen que resolver litigios de forma constante.

Krizia Zuñiga, socia de Zuñiga Álvarez Abogados, señaló que los retrasos innecesarios en el Perú son el resultado de tres elementos que forman un círculo vicioso entre sí: la burocracia, la corrupción y la ineficiencia.

"El clima actual ha generado un escenario donde los actores del mundo judicial han empezado a pedir un 'incentivo' para que el proceso avance, lo que se conoce como la "microcorrupción", explica. La abogada detalló que en el 2019 la microcorrupción alcanzaba el 75% de los procesos que se conocen, por lo que no es que sea un problema menor.

Además, recalca pese a que un juez solo puede ser 500 procesos al año, reciben más de 5,000 por lo que la falta de eficiencia del sistema judicial debe ser abordada por diferentes frentes.

"Una reforma de justicia debe involucrar todo: un cambio de paradigma de lo escrito a lo oral, mejoramiento de infraestructura y un cambio en la fiscalización", señala Zuñiga. Agregó que el ente fiscalizador para el Poder Judicial (PJ) es la Oficina de COntrol de la Magistratura, la cual indica, "es una puerta giratoria con relación a los juzgados, por lo que son los mismos jueces que fiscalizan a los mismos jueces".

Ames opina de manera similar. "Sin duda, se requiere una reforma que ha quedado pendiente en el país. La carga procesal ha sido un gran problema para este poder del Estado desde hace mucho tiempo. La digitalización ha ayudado al PJ, hasta cierto punto. La pandemia empujó a burócratas tradicionales del PJ a digitalizar mejor sus procesos para que puedan seguir el caso, pero hoy en día estamos regresando a la normalidad anterior, estamos volviendo al papel, que encarece el proceso y tiempo", indica.

Consecuencias

La falta de un PJ eficiente podría tener consecuencias severas en la inversión extranjera, según explica Zúñiga.

"Si nos perciben como un país sin seguridad jurídica y donde el Gobierno te pone trabas para poner un negocio se va a desincentivar todo tipo de inversión", indica.

Comentó que "hay que entender que el tema del proceso civil no se limita a la posibilidad de presentar una demanda, sino que va más allá.

Si se ve que el sistema judicial no funciona, no se va a querer litigar conflictos en el Perú, por lo cual no se va a querer poner un negocio aquí, dado que el riesgo incrementa".

Factores controversiales

El mejor factor del Perú, según el estudio del WJP, es el del equilibrio de poderes. Pero, Ames señala que debe ser revisado con cautela.

"En el caso de equilibrio de poderes hay que ver dicho factor "con pinzas" ya que, en esencia, analiza que el Congreso pueda controlar lo del presidente. pero, hay un control excesivo al punto que ya no solo se limita al poder desde el punto de vista democrático, sino que lo termina "ahorcando". Pese a que tenemos un buen puntaje no es un resultado que debería alegrarnos", señala Ames.

La experta agregó que pese a que el índice lo ve como algo positivo, al final lo que ocurre es una "dictadura parlamentaria", donde no se le permite al Ejecutivo realizar políticas públicas.

El problema penal

El Perú se encuentra en el puesto 115 de 140 en términos de su justicia penal. Uno de los subfactores más importantes en dicho pilar y en el cual el Perú tiene una puntuación muy baja es aquel que analiza si el sistema correccional es efectivo en reducir las conductas penales.

Luis Lamas Puccio & Abogados, señaló que el sistema carcelario peruano "adolece de varias deficiencias".

"El sistema pensionario colapsado, no tiene presupuesto, no tiene personal que pueda rehabilitar a las personas y tampoco cuenta con una metolodía real para llegar a ese fin", explica el abogado, quien además comentó que eso lleva a una tasa de reincidencias altas.

Otro factor en el cual el Perú es altamente deficiente es el tiempo en el que se resuelven los procesos penales. Recientemente se introdujo el Nuevo Código Procesal Penal en el 2020, buscando mejorar este aspecto, entre otros, pero Lamas Puccio señala que no ha tenido el impacto necesario.

Publicado en Gestión, 03 de noviembre de 2022.