SERÍA MÁS DIFÍCIL INHABILITAR EMPRESAS CON FALTAS EN CONTRATACIONES PÚBLICAS
El Poder Ejecutivo prepublicó el proyecto de una nueva ley de Contrataciones con el Estado, buscando dejar atrás los errores del proceso actual, en el que, según el mismo Gobierno, se ve un bajo nivel de competencia entre los postores, inoportuna atención a las necesidades del Estado, presencia de proveedores inadecuados y una precaria gestión de riesgos.
Uno de los aspectos más notorios del proyecto de ley es que sería más difícil inhabilitar a una empresa que cometa infracciones en las contrataciones por el Estado.
Según explicó Carlos Gonzáles Prada, asociado principal del estudio PPU, la norma que rige actualmente contiene seis infracciones que llevan automáticamente a la inhabilitación de la empresa contratista que contrata con el Estado. La propuesta legislativa, en cambio, apuesta por un sistema que "prioriza imponer multas" en lugar de inhabilitar a las empresas.
La iniciativa plantea que solo una infracción lleve automáticamente a la inhabilitación a la inhabilitación de la empresa infractora, mientras que otras cuatro infracciones harían que se inhabilite al proveedor solo si es que incurre en la misma tres veces en el lapso de cuatro años.
El cambio en estrategia también viene de la mano con un incremento en el monto de las multas. Las infracciones ahora serán objeto de multas equivalentes a entre el 5% y el 20% de la oferta o del valor del contrato, y ya no sobre un valor estático de 15%, como sucedía anteriormente.
"Esto es positivo (para las empresas), porque estar inhabilitado de contratar con el Estado por ocho meses, por ejemplo", indicó el abogado.
El proyecto establece que el no pago de la multa inhabilitaría al proveedor entre 6 y 36 meses, mientras dure el impago; y ya no entre 3 y 18 meses como es ahora.
Aclaración
Gonzáles Prada dijo que el proyecto de ley aclara un número de impedimentos contemplados en la ley que evitan que privados contraten con el Estado.
El abogado señaló que, en el caso de algunos impedimentos, "la norma no es muy clara, lo cual introduce un carácter subjetivo al análisis. En el proyecto del gobierno, se ha mejorado la redacción de los mismos y se corta el carácter subjetivo, eliminado estas "zonas grises".
Norma insuficiente
Pese a que la iniciativa del Gobierno busca resolver los problemas que actualmente afectan los procesos de contratación con el Estado, como la falta de una real competencia; la norma planteada no tendría los requisitos suficientes para lograr su cometido.
El abogado comentó que "todavía se mantiene el criterio de que contratar lo más barato posible es lo mejor para el Estado. Eso no es cierto y puede llevar a la contratación de productos o servicios no idóneos".
Además, sostuvo que no se han creado factores objetivos y claros para que se aplique al principio de competencia en los procesos de contratación, lo cual llevaría a que continúe el problema actual, en el que funcionarios son tentados por los mismos incentivos perversos y lanzan concursos con barreras de entrada altas, restringiendo la participación de más empresas.
Publicado en Gestión, 06 de enero de 2023.