OTRA VEZ EN EMERGENCIA

Este es un artículo repetido. En los últimos años, ante cada emergencia a causa de fenómenos climáticos, he escrito casi este mismo texto. Claramente, no he sido exitosa en influir en quienes tienen que actuar. Nadie adoptó, ni discutió siquiera, las sugerencias que yo y otros hemos hecho en repetidas ocasiones sobre cómo atender mejor las emergencias y desastres. Pero es imprescindible no rendirse y perseverar, así que repetiré lo que ya he escrito.

Las familias peruanas son, en su mayoría, vulnerables o enfrentan situaciones de carencias que las llevan a afrontar situaciones de pobreza. El INEI estima que alrededor de 60% de los peruanos están en situación de pobreza monetaria o vulnerabilidad, y que quienes viven en dicha situación enfrentan altos riesgos de caer en circunstancias de mayor privación si sufren de un evento adverso inesperado. Un fenómeno climático, un huaico, una inundación, un cambio en las condiciones productivas o de trabajo puede llevarnos a una situación de la que será difícil recuperarse.

La tarea, entonces, antes estos eventos es doble: primero proteger a los damnificados para que puedan afrontar la emergencia con los menores efectos negativos posibles y, segundo, asegurar que podrán recuperar lo perdido: su vivienda, sus medios de vida, trabajo, activos, la infraestructura pública y privada, etc.

En el Perú, hacemos bastante de lo primero: respondemos ante las emergencias. Si bien no siempre se actúa con la celeridad que se requiere, sí se activan protocolos para atender situaciones adversas. INDECI, gobiernos locales, regionales y el Gobierno central actúan, el sector privado también hace lo suyo (Hombro o Hombro y Cáritas son buenos ejemplos).

Además, todos tratamos de ser solidarios y ayudar a los damnificados. Esta respuesta inicial es clave y se hace, con algunas limitaciones, pero se hace. Sucede el desastre y llegan carpas, agua, frazadas, alimentos, ropa, etc.

El problema viene luego, con lo segundo. Pasados unos días, las familias de menores recursos afectadas deben regresar a sus actividades y no tenemos progra- mas ni protocolos para darles soporte durante el periodo post emergencia. En casos de desastres recientes, hemos visto que se activan, por ejemplo, bonos especiales a través de los programas sociales o, como se ha anunciado ahora, apoyos durante un tiempo para quienes han perdido su vivienda a fin de que puedan pagar un alquiler. Eso ayuda, pero no resuelve el problema que enfrentan los damnificados. Necesitamos que el Estado cuente con un programa especial focalizado y temporal, que atienda a los damnificados pasada la afectación inicial, y se concentre en apoyar su recuperación: recuperar, reparar, reubicar, reconstruir viviendas afectadas; recuperar infraestructura pública, en particular la de pequeña escala: mercados, plazas, calles, parques, terminales de transporte, etc.; y recuperar medios de vida: empleo, emprendimientos, actividades productivas y de servicios (crédito, capital de trabajo, insumos, etc.).

La ausencia de programas para apoyar la recuperación se ha ratificado recientemente. En el marco de la recientemente aprobada Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, este debería haber sido un objetivo prioritario, pero no fue considerado. Sería ideal contar con un programa que ante una emergencia se active por un periodo acotado de tiempo y le permita al Midis, como rector en materia de desarrollo e inclusión social articular la ayuda para lograr la recuperación total de los ciudadanos afectados.

Este programa de apoyo a la recuperación de los medios de vida de las personas debe iniciarse incluso antes que la recuperación de infraestructura (puentes, carreteras, agua y desagüe, etc.), más reconociendo que aun la recuperación de la infraestructura dañada con o sin cambios no cuenta con un modelo efectivo de implementación y que sus plazos son muy largos.

Finalmente, hay tres sistemas transversales que son centrales para enfrentar las emergencias y la recupe- ración que deberíamos asegurar que estén permanentemente operativos: 1) inclusión financiera para que todo damnificado pueda estar conectado, recibir recursos de forma oportuna (bonos, donaciones, etc.) y acceder a recursos (ahorros o créditos) en cualquier circunstancia; 2) el registro de personas y hogares, en particular de los más vulnerables (padrón del sistema de focalización de hogares y el registro nacional), para poder focalizar la ayuda; y 3) seguros y microseguros que permitan al Estado, familias y empresas afectadas acceder rápidamente a recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia y afrontar la recuperación.

Esperemos que este aviso temprano de que probablemente vienen más desastres causados por un cambiante clima nos dé la oportunidad de avanzar en estos temas, y que no esperemos hasta el próximo evento catastrófico para volver a pensar en que debimos hacer esto hace tiempo.

Autor: Carolina Trivelli. Publicado en Gestión, 27 de marzo del 2023.