DINERO POR NADA

¿Debe un funcionario público recibir un buen salario? Es un tema que merece análisis. Diversas teorías han abordado la manera en que los sueldos de los empleados públicos deberían fijarse para maximizar tanto el bienestar social como la eficiencia del gobierno. Una de estas teorías sostiene que los salarios deben estar alineados con la inversión en formación y experiencia del trabajador. Por otro lado, existe la creencia de que un sueldo elevado puede disminuir las posibilidades de que los funcionarios caigan en prácticas corruptas. Sin embargo, otra perspectiva más equilibrada sugiere que aunque estas ideas tienen sentido, los salarios del sector público están limitados por las restricciones fiscales del Estado. En resumen, el salario de un funcionario debe estar relacionado con su productividad y con la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía, sin comprometer la sostenibilidad financiera.

Idealmente, los aumentos salariales deberían estar conectados a una mejora en la eficiencia y en la calidad de los servicios públicos, generando así un ciclo virtuoso que permita una mayor inversión en el capital humano del Estado y en los servicios que este provee a la sociedad. No obstante, en el Perú se presenta lo que se conoce como "la paradoja del gasto público": los aumentos salariales en el sector estatal no generan los resultados esperados en términos de bienestar social.

En lugar de mejorar la calidad de vida, estos incrementos se convierten en una carga financiera, reflejada en mayores impuestos o en la reducción de la inversión en áreas clave como salud, educación e infraestructura. El Informe de Competitividad 2022 del Consejo Privado de Competitividad (CPC) evidencia que, aunque el gasto en planillas en los sectores de salud, educación y transporte ha aumentado, existe una correlación negativa entre este incremento y los niveles de satisfacción de los ciudadanos con esos servicios. A pesar de ello, el Congreso sigue insistiendo en incrementar el gasto en planillas, como lo demuestra la actual discusión sobre el Presupuesto Público 2025. Cabe recordar que en el Presupuesto 2024, el Congreso, con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó un incremento en el gasto de planillas de S/. 10 mil millones, lo que equivale a más del 1% del PBI, desviando así al país de su meta fiscal.

Este informe del CPC debería ser una advertencia para los responsables de las políticas públicas en el Perú. Los incrementos salariales descontrolados en el sector público no solo no mejoran el bienestar de la ciudadanía, sino que también amenazan con desestabilizar la economía nacional. Este "dinero sin retorno" que se está gastando sin una mejora visible en la eficiencia o la calidad de los servicios públicos es insostenible y requiere una revisión urgente. En resumen, el Perú necesita una política salarial en el sector público que se base en resultados medibles y beneficios concretos para la población, de modo que el gasto en planillas se transforme en una inversión en bienestar y no en un beneficio para unos pocos.

Autor: David Tuesta. Fuente: Diario Gestión - pag.16. 12 de septiembre del 2024.