El texto describe un cambio profundo en el modelo económico y la gestión del Estado en Perú, desde las crisis de los años 70 y 80, hasta la implementación de un nuevo régimen económico centrado en la estabilidad macroeconómica y la promoción de la inversión privada. En este nuevo contexto, se destaca la transformación del rol del Estado, que antes desempeñaba un papel activo en la construcción de infraestructuras como caminos, hidroeléctricas y puertos, pero lo hacía con escasos resultados en términos de cobertura, calidad y eficiencia. A partir de la década de 1990, el Estado optó por un modelo que favorecía la inversión privada, cuyo principal objetivo era optimizar el uso de los recursos y garantizar un crecimiento económico más estable.

Un ejemplo claro de esta transición es la comparación entre la construcción de la central hidroeléctrica del Mantaro, realizada por ElectroPerú en 1967, que tardó 18 años en completarse, y las centrales hidroeléctricas construidas por empresas privadas en las dos décadas siguientes, en las cuales el rol del Estado fue más bien regulador y promotor de la inversión. Sin embargo, el texto también pone de relieve que, a pesar de este cambio de enfoque, en algunos casos se mantiene el modelo anterior, como en el caso de la refinería de Talara, un proyecto que ha sido notablemente más costoso y ha sufrido demoras significativas.

La creación de ProInversión en 2002 marcó un hito importante en este proceso de fomento a la inversión privada. Esta entidad fue concebida para estructurar de manera más eficiente y ordenada la participación del sector privado en proyectos de infraestructura, garantizando la transparencia y la participación de múltiples actores en la toma de decisiones. ProInversión establece un proceso riguroso en el que se involucran tanto instancias colegiadas como profesionales externos para asegurar que las decisiones sean técnicas y apropiadas. En sus más de 20 años de operación, esta entidad ha sido clave en la promoción de más de 200 proyectos con una inversión comprometida cercana a los 40 mil millones de dólares.

No obstante, el texto también aborda los aspectos negativos de este modelo, particularmente en relación con la corrupción. La mención del escándalo de la carretera interoceánica, donde el expresidente Alejandro Toledo fue implicado en un caso de coima, pone en evidencia las debilidades del sistema. Aunque la Fiscalía no logró probar la culpabilidad de los miembros del Comité Técnico de ProInversión, que fueron sentenciados a prisión, el caso refleja las sombras que aún acechan la gestión pública y la implementación de proyectos de inversión. A pesar de las acusaciones, no se ha demostrado que los miembros del comité hayan favorecido a la empresa adjudicada de manera personal, lo que plantea dudas sobre la solidez de la acusación de la Fiscalía.

En conclusión, el texto ofrece un panorama de la evolución de la gestión económica y la inversión en Perú, mostrando los avances logrados mediante la liberalización y la inversión privada, pero también señalando los riesgos inherentes, como la corrupción y la falta de pruebas claras en procesos judiciales, que pueden poner en peligro la credibilidad del sistema.