LA SOLICITUD DE CREDITOS SE MANTENDRA LIMITADA HASTA FINALES DE AÑO
La propuesta de crear una Zona Económica Especial (ZEE) en torno al puerto de Chancay ha reavivado el debate sobre los incentivos fiscales, destacando su elevado costo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que en 2024 se dejarán de recaudar S/ 24 mil millones debido a exoneraciones y beneficios tributarios, representando el 2.19% del PBI. Este gasto tributario afecta directamente la capacidad del Estado para cumplir metas fiscales y priorizar programas sociales, como Pensión 65, cuyo presupuesto es superado por lo dejado de percibir por la tasa reducida del IGV en turismo y restaurantes.
Se observa que muchos incentivos tributarios, aunque diseñados para fomentar sectores estratégicos, terminan siendo regresivos. Por ejemplo, el 20% de las empresas con mayores ventas captó el 76% de los beneficios de la tasa reducida del IGV en turismo y restaurantes. De manera similar, el drawback beneficia desproporcionadamente a las grandes empresas exportadoras, como lo revela el estudio del CIES, donde el 13% de las empresas más grandes concentraron el 70% de las restituciones entre 1996 y 2013. Esto evidencia un diseño poco inclusivo que favorece a los contribuyentes con mayores recursos.
El texto resalta la falta de análisis técnico y la resistencia a eliminar beneficios una vez otorgados. Un ejemplo ilustrativo es el reclamo de los beneficiarios del drawback cuando el MEF eliminó aranceles sobre ciertos insumos en 2014, lo que debería haber reducido costos para los exportadores. Pese a ello, la presión política llevó al MEF a revertir su decisión. Asimismo, intentos recientes de ajustar el drawback por parte del MEF han sido suspendidos, perpetuando distorsiones económicas.
Las exoneraciones, si no son controladas adecuadamente, pueden fomentar actividades ilegales. En Madre de Dios, por ejemplo, la exoneración del IGV e ISC para combustibles ha sido vinculada al crecimiento acelerado del consumo en esta región, relacionado con la minería ilegal. Este problema no solo implica una pérdida de ingresos fiscales, sino que también promueve actividades que afectan negativamente al medio ambiente y al orden público.
El análisis pone en evidencia que los incentivos tributarios en el Perú necesitan una revisión integral y basada en criterios técnicos para evitar su perpetuación y corregir sus efectos regresivos. Además, es urgente implementar mecanismos de control y evaluación que garanticen que estos beneficios cumplan su propósito y no sean capturados por actividades ilegales o actores con mayor poder económico. Solo así se podrá alcanzar un balance entre el estímulo al desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal.
Fuente: Diario Gestión - pag.18, 11 de noviembre de 2024.