EMPRESAS TENDRIAN NUEVO "CANDADO" PARA CONCURSAR POR PROYECTOS APP
La Ley de Endeudamiento para el Sector Público del 2025 introduce una disposición que podría tener implicancias significativas para las Asociaciones Público Privadas (APP) y otros mecanismos de promoción de inversión en el Perú. Este tipo de cambios normativos merece un análisis detallado desde el ámbito jurídico, económico y de políticas públicas.
En primer lugar, el establecimiento de un nuevo impedimento para contratar con el Estado amplía los alcances de las restricciones tradicionales contempladas en la Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP). Al no limitarse a los procesos bajo la LGCP, la norma afecta de manera transversal cualquier tipo de relación contractual o de promoción de inversión pública-privada. Esto podría incluir proyectos de infraestructura, concesiones, contratos de financiamiento y otros esquemas vinculados al desarrollo económico del país. La amplitud de este impedimento genera incertidumbre sobre los actores económicos que se verían afectados, así como los criterios que determinarán la aplicabilidad de la restricción.
En términos económicos, esta disposición podría ser percibida como una barrera para la participación del sector privado en iniciativas públicas, especialmente en un momento en el que el Perú busca fomentar inversiones para impulsar la reactivación económica. Las APP han sido un motor clave para el desarrollo de infraestructura en el país, y cualquier cambio que introduzca incertidumbre legal o desincentive la participación privada podría ralentizar proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía o salud.
Desde el punto de vista jurídico, la falta de claridad en el alcance de esta norma puede generar conflictos interpretativos. Si bien se reconoce la necesidad de establecer controles más estrictos para garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción, estos deben ser diseñados de manera que no comprometan la viabilidad de los proyectos de inversión. Además, el principio de proporcionalidad debería guiar la implementación de restricciones, asegurando que estas no sobrepasen lo necesario para alcanzar los objetivos de la norma.
Finalmente, el impacto de esta medida dependerá en gran medida de cómo se reglamente y aplique. Será crucial que el gobierno emita lineamientos claros para evitar interpretaciones contradictorias y promover un entorno estable para las inversiones. Asimismo, los actores del sector privado y la sociedad civil deberán estar atentos a los detalles de esta disposición para evaluar sus implicancias y, de ser necesario, proponer ajustes que equilibren los intereses públicos y privados.
Fuente: Diario Gestión - pag.19, 10 de enero de 2025.