El crecimiento económico de los últimos años en el país ha sido moderado, con un aumento del PBI del 3% en el último período. A pesar del contexto favorable de los precios de los metales, este desempeño no ha sido suficiente para explotar plenamente el potencial de la economía. En este sentido, la inversión privada se presenta como un factor clave para alcanzar un mayor desarrollo y generar oportunidades sostenibles para la población (García de Fabbri, 2024).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha proyectado un crecimiento del 4% para el 2025, lo que, si bien representa una mejora, sigue siendo insuficiente para enfrentar problemas como la pobreza y la falta de infraestructura. Para lograr una expansión económica más sólida, es necesario fortalecer la inversión en sectores estratégicos como la minería y la infraestructura, los cuales no solo requieren una alta inyección de capital, sino que también tienen un impacto positivo en la generación de empleo y el dinamismo del mercado (García de Fabbri, 2024).

Uno de los principales desafíos para materializar estas inversiones es la burocracia, la cual retrasa la ejecución de proyectos. Es imprescindible agilizar los procedimientos administrativos y contar con funcionarios capacitados que permitan destrabar iniciativas pendientes. En el caso del sector minero, la implementación de una ventanilla única facilitaría la concreción de nuevas inversiones, reduciendo los tiempos de aprobación y evitando trabas innecesarias (García de Fabbri, 2024).

En cuanto a la infraestructura, las asociaciones público-privadas (APP) pueden desempeñar un papel clave para complementar la inversión pública. Se ha anunciado la adjudicación de aproximadamente US$ 8,000 millones en APP este año, lo que representa una oportunidad para cerrar brechas en el país. Asimismo, mecanismos como las Obras por Impuestos podrían ser una alternativa eficaz para acelerar la ejecución de proyectos prioritarios si se amplía su alcance y aplicación (García de Fabbri, 2024).

El panorama actual presenta condiciones favorables para la inversión privada. Las expectativas empresariales se mantienen en un nivel positivo, los precios de los metales siguen siendo altos y la inflación ha disminuido, lo que ha favorecido el consumo. Además, las reformas anunciadas pueden generar un entorno más propicio para la inversión, siempre que sean implementadas con celeridad y eficacia (García de Fabbri, 2024).

En conclusión, el país necesita apostar por un modelo económico que incentive la inversión privada en sectores clave, facilite los procesos administrativos y promueva un ambiente de estabilidad para los inversionistas. Solo a través de un enfoque que priorice la inversión y el crecimiento sostenible se podrá lograr un desarrollo económico real y duradero (García de Fabbri, 2024).