LA BRECHA QUE AUN NO CIERRA: DESAFIOS ESTRUCTURALES PARA ACCEDER AL AGUA POTABLE
Imagínese que le dijeran que necesitará ahorrar entre tres y seis años de sueldo completo solo para contar con agua potable y desagüe en su hogar. Aunque suene exagerado, es una situación bastante cercana a la realidad en el Perú. Conectar una vivienda a los servicios de agua y alcantarillado cuesta, en promedio, alrededor de 50 mil soles, y en lugares como Nueva Rinconada (Villa María del Triunfo), ese monto puede alcanzar hasta los 90 mil soles.
Para una familia que percibe el salario mínimo, reunir esa cantidad requeriría destinar todos sus ingresos por más de tres años y medio, o incluso más de seis años en los casos más costosos. Si en cambio se aportaran 100 soles al mes, se necesitarían entre 41 y 75 años para juntar el dinero. Esta situación evidencia que no es razonable que el acceso a servicios básicos dependa exclusivamente del ingreso de los hogares, especialmente de los más vulnerables.
Y lo más preocupante es que esta no es una excepción. Cerca del 10 % de los peruanos aún carece de agua potable. Según datos de la ENAHO 2023, el acceso al agua fue de 88.5 %, casi el mismo nivel que en 2016, lo que demuestra que el país no ha logrado avances significativos en casi una década. Esta carencia no solo impide el ejercicio de un derecho fundamental, sino que perpetúa desigualdades profundas en salud, educación y oportunidades económicas.
Esta reflexión no busca dar respuestas definitivas, pero sí propone analizar con realismo los factores que explican por qué, pese a contar con recursos y proyectos, el agua todavía no llega a quienes más la necesitan. Más allá del presupuesto, existen problemas de ejecución, planificación y falta de enfoque estratégico. Se pueden identificar seis razones clave que explican esta situación:
- Recursos insuficientes: La SUNASS calcula que se necesitan unos 138 mil millones de soles para cerrar las brechas de acceso y calidad del servicio urbano por los próximos 30 años. Sin embargo, no todo ese monto tiene fuente asegurada de financiamiento: solo el 50 % provendría del Estado, el 7 % de tarifas y un 8 % de mecanismos alternativos como APP y Obras por Impuestos. El restante 35 % aún no tiene respaldo definido.
- Tarifas limitadas: Aunque las tarifas en Lima son similares a las de Santiago de Chile, solo generan ingresos por S/ 1,800 millones en cinco años. Sedapal factura unos S/ 2,700 millones anuales, pero se necesitaría 34 veces más para cubrir las necesidades. En ciudades como Chiclayo, ese valor debería multiplicarse por 50. Además, según la OMS, el gasto en agua no debe superar el 5 % del ingreso familiar, por lo que la inversión pública sigue siendo esencial, como ocurrió en Chile.
- Débil ejecución de inversiones: En 2024, las EPS excepto Sedapal, solo ejecutaron el 38 % de su presupuesto destinado a inversión. A nivel nacional, el gasto público en saneamiento llegó al 74 %, lo que revela debilidades institucionales, incluso cuando existen recursos.
- Proyectos demasiado lentos: El desarrollo de obras de agua puede tomar más de una década desde su diseño hasta su implementación. El caso del proyecto en Nueva Rinconada, iniciado en 2011, sigue inconcluso. Otro ejemplo es la mejora de Emapa Pasco, registrada desde 2008 y aún sin ejecución.
- Baja prioridad en el presupuesto: Aunque la inversión en saneamiento aumentó a S/ 6,500 millones en 2024 (desde S/ 2,200 millones en 2010), esto representa apenas el 2 % o 3 % del presupuesto nacional, pese al impacto transversal que tiene el acceso al agua en otros sectores.
- Expansión urbana sin planificación: En muchas zonas periféricas de ciudades como Lima, el crecimiento desorganizado de la población neutraliza los avances porcentuales en cobertura. Además, llevar infraestructura a estas áreas resulta mucho más caro.
¿Qué se debe hacer?
Superar esta brecha requiere una estrategia integral, constante y con visión de largo plazo. Algunas medidas claves serían:
- Aumentar la inversión pública y vincularla eficientemente con APP y Obras por Impuestos.
- Evaluar rigurosamente los resultados de las EPS y los programas como el de Saneamiento Rural.
- Fortalecer las capacidades técnicas de municipios y gobiernos regionales.
- Agilizar la inversión pública o establecer un régimen específico para proyectos de agua y saneamiento.
- Asegurar que los ingresos por tarifas se utilicen exclusivamente para mejorar la infraestructura.
El desafío no es solo ejecutar más obras, sino hacerlas bien, con rapidez, planificación estratégica y prioridades claras. Solo así podremos aspirar a que todos los peruanos accedan al agua.
Autora: Mauro Gutiérrez Martínez. Fuente: Diario Gestión- pag.20, 30 de abril del 2025.