SOLO UN 2% DE FUNCIONARIOS QUE USARAN NUEVA LEY DE CONTRATACIONES LA DOMINARIAN
La Nueva Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP), vigente desde el 22 de abril de 2025, ha traído consigo una serie de modificaciones normativas importantes con más de 380 artículos, pero su implementación enfrenta un obstáculo significativo: la limitada preparación técnica de los funcionarios públicos encargados de aplicarla. De acuerdo con el Sistema Informático de Certificación por Niveles (SICAN), administrado por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), anteriormente conocido como OSCE, solo el 2 % de los servidores públicos certificados cuenta con un nivel avanzado de conocimientos, requisito que implica haber superado un examen con al menos 58 puntos y acreditar siete años de experiencia general, además de cuatro años en contrataciones públicas. A pesar de que el número total de funcionarios certificados ha aumentado ligeramente, de 18,940 en agosto de 2024 a 20,010 en la actualidad, la gran mayoría de ellos (74 %) se ubica en el nivel básico, mientras que muchas plazas del sector público son cubiertas mediante contratos CAS o bajo la modalidad de locación de servicios.
En diversas regiones del país la situación es aún más preocupante, ya que en 21 de ellas existen menos de 10 funcionarios con nivel avanzado y, en el caso de Loreto, no se cuenta con ninguno. La nueva ley establece que los compradores del Estado deben poseer al menos el nivel intermedio de certificación y que los jefes de las unidades de contratación deben tener nivel avanzado. Sin embargo, esta exigencia no está respaldada por una sanción efectiva, lo que dificulta su cumplimiento real, sobre todo en zonas donde no hay personal con la preparación necesaria. Especialistas como Juan Carlos Morón, del estudio Echecopar, han advertido que esta carencia pone en riesgo la correcta implementación de la ley.
Asimismo, existe la preocupación de que el desconocimiento generalizado de la norma pueda ralentizar el proceso de inversión pública. Diversos gremios, entre ellos la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), han manifestado que la complejidad de la nueva normativa requiere un proceso de aprendizaje considerable. Aunque el OECE ha ofrecido capacitaciones virtuales a más de 21,000 funcionarios y proveedores durante los primeros tres meses del año, se ha señalado que estas resultan insuficientes, especialmente en las regiones más alejadas. La SNCI ha subrayado la importancia de realizar capacitaciones presenciales en zonas como Loreto, donde las brechas de conocimiento son más evidentes. Además, los constantes cambios en los equipos técnicos del OECE, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría General de la República han debilitado la capacidad institucional del Estado para llevar a cabo una capacitación sólida, lo cual incrementa los riesgos operativos y jurídicos en la implementación de la nueva Ley de Contrataciones.
Fuente: Diario Gestión - pag.12, 22 de abril de 2025.