El 16 de septiembre se publicó en el peruano la nueva ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos, en la que se plantean una redefinición de funciones y competencia, y la simplificación de los procedimientos. Con esta nueva ley, “ProInversión” se convierte en la entidad pública titular del Proyecto (EPTP) asumiendo el papel de ente rector, en la que asumirá un rol más dinámico en la estructuración y transferencia de proyectos.

Las nuevas funciones que cumplirá serán de gestión contractual, aunque esto podría caer en un conflicto de intereses, pues ProInversión podría emitir opiniones vinculantes en materia normativa, asumiendo funciones como juez y parte. Es aquí que la Contraloría General de la República juega un papel importante, pues deberá emitir una opinión antes de la versión inicial y final de contrato. Por parte de la iniciativa privada se establece una convocatoria abierta de 90 días que es obligatoria para que otros interesados se manifiesten antes de declarar el interés en una iniciativa, sí se adhieren terceros, se iniciará un proceso competitivo. Aunque esto podría causar un factor de incertidumbre en la competitividad.

Sobre los estudios de ingeniería y las intervenciones por declaratoria de emergencia, estas ya no son consideradas modificaciones contractuales, por lo que se permite su implementación mediante procedimientos administrativos simples y expeditos. Esto sería una modificación positiva pues le da solución al problema de los retrasos. Sin embargo se debería de establecer con mejor claridad la asignación de las nuevas funciones para dinamizar la inversión.