Al menos siete proyectos quieren ajustar la tercerización laboral

La controversia inició en 2022 con el Decreto Supremo 001-2022-TR dentro del gobierno de Pedro Castillo, que prohibía tercerizar actividades del "núcleo del negocio". Hubo fallos contradictorios, Indecopi declaró la prohibición como barrera burocrática ilegal y el Poder Judicial anuló la definición de "núcleo del negocio". Sin embargo, el Tribunal Constitucional recientemente validó que el Estado puede limitar la tercerización en un caso específico, lo que reabrió el debate. Actualmente, la decisión final está en manos de la Corte Suprema, que debe definir si la prohibición es válida o no.

Existen al menos siete iniciativas legislativas que buscan modificar la Ley de Tercerización. Estas iniciativas van en dos direcciones opuestas. Un grupo busca endurecer las restricciones, elevando a rango de ley la prohibición de tercerizar el "núcleo del negocio", alineándose con el criterio del TC. Otro grupo busca eliminar la prohibición introducida por el decreto supremo, derogando el DS 001-2022-TR. Según Carlos Bernal, la minería es la industria donde la tercerización es más estructural. Más de 180,000 trabajadores de contratistas mineras dependen de este esquema. Se estima que una aplicación estricta de la norma podría dejar sin empleo a 80,000 trabajadores formales en una primera etapa.

Jorge Toyama, advierte que prohibir la tercerización del núcleo causaría un "remezón", dejando contratos en el aire y forzando reestructuraciones masivas. César Puntriano, señala que el mayor impacto será jurídico, creando conflictos entre inspectores que intentan aplicar la restricción y empresas que se respaldan en resoluciones previas a su favor. El sector laboral se encuentra en un escenario incierto a la espera de un pronunciamiento final de la Corte Suprema y de la decisión que tome la Comisión de Economía del Parlamento respecto a los proyectos de ley.

Fuente: Diario Gestión, pág. 13, 01 de diciembre del 2025.