¿Qué se espera en materia laboral en el próximo Gobierno?
El diagnóstico actual del mercado laboral revela un panorama crítico dominado por la informalidad: de una Población Económicamente Activa (PEA) de 17.6 millones de personas, apenas 3.5 millones cuentan con un empleo formal. Esta situación afecta drásticamente a los jóvenes, registrando tasas de informalidad del 94% en el sector rural y del 65% en el urbano. Además, existe una profunda brecha salarial y de productividad, dado que un trabajador informal percibe solo la tercera parte de los ingresos de uno formal. La precariedad se extiende a la seguridad social, donde más del 57% de la PEA carece de un sistema de pensiones, situación agravada por los retiros masivos de fondos autorizados por normativas previas, y solo el 65% de la población accede a servicios de salud, en un contexto donde la pobreza escaló del 14% en 2019 al 24% en 2021. Frente a este escenario, las agrupaciones políticas presentan estrategias opuestas. El plan de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, se enfoca principalmente en el sector informal, apostando por el crecimiento de la inversión privada y el impulso a la pequeña empresa para generar puestos formales. Entre sus medidas destacan la ampliación de la cobertura de salud para informales y formales, el rediseño de la Sunafil para otorgarle un enfoque promotor del cumplimiento en lugar de uno punitivo, y el desarrollo de programas específicos para la juventud.
En contraste, la propuesta de Juntos por el Perú, representada por Roberto Sánchez, se concentra en el sector formal mediante un esquema de mayor intervención y rigidez normativa; sus ejes plantean elevar la remuneración mínima vital (RMV) a 1,500 soles, asegurar la estabilidad laboral, empoderar a los sindicatos y la negociación colectiva, robustecer a la Sunafil y eliminar los regímenes laborales especiales, aunque el texto advierte que carece de planes concretos en salud y empleo juvenil. Hacia el cierre, la publicación señala que la futura distribución de fuerzas en el poder legislativo mantendrá vivas las discusiones sobre modificaciones de jornadas laborales y retiros de fondos. No obstante, recalca que ninguna facción política logrará consolidar reformas estructurales o constitucionales en el ámbito laboral sin un consenso multipartidario o un pacto social amplio. La columna concluye con la expectativa de que el gobierno entrante concentre genuinamente sus esfuerzos en el crecimiento económico, la reducción de los índices de informalidad y la optimización de las condiciones laborales en todo el territorio.
Fuente: Diario Gestión, pág. 11, 3 de junio del 2026.