El flujo masivo de información en redes sociales y la prescripción algorítmica han llevado al incremento de contenidos virales que ofrecen consejos legales erróneos o cuestionables. Un caso representativo es la difusión de videos donde creadores de contenido recomiendan mecanismos dudosos para la exclusión de accionistas en Sociedades Anónimas Cerradas (SAC) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), incurriendo en interpretaciones equivocadas de la Ley General de Sociedades con la intención de captar interacciones o atraer clientes incautos. Frente a este panorama de desinformación, resulta indispensable que los emprendedores cuenten con asesoría legal especializada desde el nacimiento del proyecto o al incorporarse como socios en una empresa existente.

El estatuto social define el reglamento interno que rige la relación entre los accionistas y la propia persona jurídica; por lo tanto, la adecuada regulación del derecho de adquisición preferente, la suscripción de nuevas acciones, las convocatorias a Juntas Generales, la distribución de dividendos y la salvaguarda de los derechos de los accionistas minoritarios requiere un análisis hecho a la medida. Adoptar modelos de estatutos genéricos o descargados de internet para agilizar procesos suele dejar desprotegidas las particularidades y necesidades reales de la sociedad.

Guiarse por recetas jurídicas "novedosas" divulgadas en internet equivale a recurrir a la automedicación ante un problema de salud. El uso de recomendaciones provenientes de personas sin habilitación profesional no solo compromete el patrimonio de la organización, sino que puede desencadenar contingencias legales graves, nulidad o impugnación de acuerdos societarios, e incluso responsabilidades civiles y penales para la empresa y sus integrantes por la comisión de actos ilícitos. Por ello, el empresario diligente debe anteponer la asesoría técnica de especialistas en derecho societario para prevenir riesgos y asegurar la estabilidad de su negocio.